Los 629 inmigrantes del Aquarius llegarán a Valencia este domingo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez les ofreciera refugio en España, tras la negativa de Italia y Malta a acogerlos. El gesto ha levantado ampollas entre los sectores conservadores y xenófobos y ha sido bien recibido por una parte importante de la sociedad española, sobre todo por aquellos que defienden los derechos humanos. Pero ¿qué pasos van a seguir los inmigrantes que pisen suelo español? ¿Acierta España? ¿Tienen estas personas un futuro digno asegurado? En Analytiks hemos hablado a través del correo con una portavoz de SOS Racismo. Esto es lo que nos ha contado:

¿Qué pasos van a seguir los inmigrantes que lleguen a España procedentes del Aquarius? ¿Qué institución los va a recibir?

Aparte de los trabajadores de la Cruz Roja, que les proveerán de mantas y de comida caliente, la primera institución que les va a recibir es la Policía Nacional. Ellos serán los encargados de la identificación de las personas. Este proceso puede tardar tiempo, por lo que algunos acabarán retenidos en comisaría (nunca más de 72 horas). Otros, después de haber hablado con un abogado y un intérprete –siempre con prisas, porque la Policía no deja hacer bien estas labores–, serán llevados a algún lugar donde puedan permanecer. Habrá una discriminación entre los niños y las mujeres, que, por lo general, irán a casas de acogida específicas, y los hombres. También hay que diferenciar entre aquellos que soliciten asilo y los que no.

 

¿Estos inmigrantes tienen garantizada una vida digna, al menos a medio plazo? ¿Se les van a facilitar los papeles?

Rotundamente no. Todos los que no soliciten asilo y sean mujeres o niños serán enviados a centros humanitarios dentro del programa de acogida (para los que cada vez hay menos dinero). Su estancia será, como máximo, de tres meses. Estos centros son gestionados por diferentes organizaciones, como MPDL, Cepaim o Cruz Roja.

En cuanto a la gente que solicite asilo, su situación se esclarecerá por un procedimiento urgente, ya que si se lo deniegan no va a poder solicitarlo de nuevo. Para aquellos que no pidan asilo y no acrediten que están en alguna situación de vulnerabilidad (mujeres, niños), el destino, teniendo en cuenta que no hay suficientes plazas en los programas humanitarios, puede ser perfectamente un CIE. Aunque depende mucho de la nacionalidad porque, por ejemplo, si son de África Negra sí que tienen más posibilidades de acabar ahí.

Aparte de esto, para aquellos que no accedan al asilo, o se les deniegue muy rápido, se les abrirá una orden de devolución, puesto que han sido, o van a ser, interceptadas en la frontera. Y una puntualización: muchas mujeres también acaban en los CIE, aunque con menos asiduidad, sobre todo si llegan en patera.

 

Entonces, si un inmigrante llega a España en situación irregular tiene muchas posibilidades de acabar en un CIE o en un CETI. ¿Qué trato recibe en esos lugares?

Efectivamente, si no se reúnen los requisitos de vulnerabilidad anteriores o no se realiza una petición de asilo, las personas en situación administrativa irregular, con una orden de devolución emitida por la policía, pueden acabar en un CIE perfectamente.

Hay 8 en España: están en Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Algeciras, Tarifa (estos dos últimos son anexos), Gran Canaria y Tenerife. Son espacios de carácter no penitenciario, según el tenor de la ley, pero la realidad es que durante 60 días como máximo se les priva de libertad a las personas que no tienen papeles, o que acaban de llegar o que llevan ya tiempo viviendo aquí, pero perdieron sus papeles o nunca los tuvieron. Los que acaban en un CIE permanecen en condiciones de encierro, sufriendo, se les anula cualquier tipo de derecho, como la asistencia médica o un intérprete para mediar con la Policía Nacional, que son quienes gestionan estos centros. También sufren agresiones, trato humillante, permanecen en condiciones de hacinamiento, etc.

Cada CIE tiene unas normas de funcionamiento diferentes. Aunque se guían por el reglamento de 2014 y por la ley de extranjería, esta normativa tampoco está vigente todavía, por lo que se suceden vulneraciones de derechos casi diariamente en cada uno de ellos.

Por otro lado, CETI solo hay en Ceuta y en Melilla. Son centros de estancia temporal de migrantes y tienen un régimen abierto, es decir, pueden salir. No son controlados por policías, puesto que es el MEYSS (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) el que los lleva. Estos centros se diferencian de los CIE en que  dependen del Ministerio del Interior, de ahí que el control sea asumido por la Policía Nacional. También se han sucedido episodios nefastos y se han vulnerado  derechos a las personas que se encontraban en ellos, pero tienen una regulación diferente.

 

¿Es, en su opinión, España un país con problemas de racismo?

Rotundamente sí. No solo hablamos de racismo social, pues este bebe del racismo institucional, e impregna cada ámbito de la vida. El racismo está en las leyes, normativas, usos, costumbres, sistema judicial, en todos los lados. Pero esto no ocurre solo en España, es un problema de Occidente. Además, no es un tema únicamente de prejuicios o estereotipos, estamos hablando de algo más profundo. Un conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales e históricas, que son las que hacen que la socialización entre las personas se base en un entendimiento racista de todo lo que nos rodea.

Casi el 80 % de esos fondos que se destinan para la migración y asilo son destinados a la expulsión de estas personas

 

Ahora que muchos hablan de que España no puede acoger a estos inmigrantes porque “no nos sobra dinero”, ¿en qué gastos incurre el España y cuáles están cubiertos por fondos europeos?

La mayor parte del gasto que se destina a la ‘integración’ es de fondos europeos. Las subvenciones que reciben las organizaciones que gestionan esta inclusión y que estas personas tengan un techo donde dormir, comida, etc., provienen, la mayor parte, de los fondos FAMI, aunque también hay muchos otros. De todos modos, si se miran las estadísticas, casi el 80 % de esos fondos que se destinan para la migración y asilo, hablando en términos generales, son destinados a la expulsión de estas personas. Este dinero se emplea en poner en marcha todo un aparato expulsor, ya sean vuelos de deportación, mecanismos de control como los CIE o centros de detención en otros países europeos.

 

Es sabido que los partidos de extrema derecha utilizan su discurso del odio hacia los inmigrantes para ganar apoyo entre las clases populares, que son quienes conviven a diario con los inmigrantes. ¿Están creando un problema que realmente no existe o desde las instituciones se debería hacer algo para que no hubiese problemas de convivencia?

Está claro que la extrema derecha es el máximo exponente del racismo en el terreno político, pero no solo es racista Salvini por ser el líder del partido xenófobo Liga Norte y decir que no quiere inmigrantes en su país. Como he dicho antes, España también es racista. Los inmigrantes que vengan ahora van a tener el mismo destino que han tenido otros. Además, ahora está en el poder el mismo partido que creó la Ley de Extranjería y los CIE, en el 85 y en el 89, respectivamente. No tienen mucho sentido de la responsabilidad. En cualquier caso, no es que haya problemas de convivencia, lo que se quiere es desplazar el foco y hacer ver a los últimos como culpables de las desgracias de los penúltimos.

 

¿Marca un antes y un después en Europa la decisión tomada por Italia de cerrar sus puertos a los inmigrantes?

Lo iremos viendo, pero seguramente sí. Italia es un país que recibía a mucha migración por su proximidad de costas con el norte africano y el hecho de tomar esa decisión, aparte de ser ilegal e ir contra convenios internacionales, no solo en materia de derecho internacional o derechos humanos, sino derecho marítimo, y probablemente legislación interna italiana (a la que no puedo hacer mención porque no conozco), deberá obligar a tomar un cambio de rumbo en cuanto al tratamiento de las políticas migratorias. Pinta mal, pero veremos.

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