El panorama triste y gris, desesperanzado, que ha deprimido a la sociedad española desde el desencadenamiento de la crisis, que no cambió de sesgo con la teórica remontada porque se han mantenido muchos de los desequilibrios, ha experimentado un vuelco radical que ha tomado encarnadura en el nuevo gobierno, recibido –y esto es un buen síntoma– con generalizado alborozo, aunque también con la crítica hosca y montaraz del todavía portavoz parlamentario del PP, toda una señal de que los tiempos han cambiado y de que el cambio arrasa vestigios deprimentes de una mediocridad insoportable que ya se hunde el pozo implacable del olvido.

Hay muchos rasgos singulares y llamativos en el nuevo equipo que facilitarían una descripción compleja. Pero con el enunciado de unos cuantos se abarca la impresión general. He aquí los principales.

Europeísmo (no retórico).- Ante el desastre populista del nuevo gobierno italiano y ante el previsible escepticismo de la derecha española/europea ante el gobierno Sánchez, los nombramientos de Josep Borrell y de Nadia Calviño anclan el equipo socialista en la ortodoxia de Bruselas –es un compromiso de estabilidad- y aseguran el prestigio del Gobierno de España en las instituciones y en el marco comunitarios frente a los alardes de los soberanistas catalanes. Estos dos fichajes, que muestran la confianza que inspira quien los ha auspiciado, vinculan al nuevo Gobierno en la aristocracia democrática europea a la vez que elevan el nivel de interlocución español con la comunidad internacional y con el sistema financiero global.

Feminización.-Once mujeres en un gobierno con 17 carteras es un dato suficientemente expresivo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, feminista militante, es además ministra de Igualdad. Y Grande Marlaska, ministro del Interior, ha sido un activo defensor de la causa LGTB. La igualdad de género, la no discriminación y el impulso a los derechos humanos adquieren eminencia esencial, lo que crea una ligazón moral con el Zapatero de su primera legislatura.

Intergeneracionalidad. Sánchez ha recurrido a todas las generaciones en activo. Carmen Montón, ministra Sanidad, Consumo y Bienestar Social, nació en 1976 y Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, en 1947. En medio está todo el gabinete.

Progresismo. El conjunto del equipo, extraído en gran parte de los cuadros militantes del PSOE aunque con varios independientes, muestra una tendencia claramente progresista, de especial sensibilidad ante los problemas más graves –la creación de un comisionado contra la pobreza infantil es un ejemplo-, de rechazo al incremento de la pobreza laboral –asalariados que no consiguen ser autosuficientes-, de lucha contra el desempleo juvenil crónico, de preocupación por la caída de la natalidad, de cambio profundo en las políticas de inmigración, etc.

Modernización radical. El gobierno augura un cambio de modelo de desarrollo, aunque tal designio no pueda materializarse a corto plazo, como es obvio, y quede por tanto fuera del alcance de un equipo que tiene un recorrido tasado y necesariamente breve, si bien es de imaginar que se darán los primeros pasos. Algunos indicios claros son la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo cometido será recuperar el ritmo de desarrollo del I+D+i, retrasado por la crisis y descuidado a conciencia por el gobierno anterior. La recuperación de la Universidad, en declive endogámico y envuelta en lamentables clientelismos, y la apuesta por actividades de elevado valor añadido que terminen sustituyendo al ladrillo y al turismo como motores esenciales de la economía, están en el fondo de los nuevos planteamientos, que incluyen una revisión de la legislación laboral –que ha dejado a los trabajadores sin derechos— y un reequilibrio social, que permitan complementar el crecimiento económico con una distribución mejor del bienestar y de la riqueza.

Ha escrito Torreblanca, con razón, que este gobierno “puede funcionar sin programa de gobierno porque, más que un Gobierno, es un programa electoral”. Verdaderamente, el equipo que acaba de tomar posesión, que muestra el potencial político de un partido que aún no se había rehecho de las consecuencias nefastas de la crisis económica y que engarza con aspiraciones muy generalizadas de una sociedad abrumada por la depresión recién vivida y perpleja ante el optimismo de un gobierno eufórico por un teórico crecimiento que no llegaba realmente al bolsillo de los españoles, es toda una declaración de intenciones: Ojalá que tenga tiempo, al menos, de afirmar decisivamente los principales vectores de futuro.

El campo de acción del nuevo Gobierno

La capacidad de obrar de un gobierno depende, en principio, de su conexión real con la opinión pública mayoritaria y, en segunda instancia, de la solidez de sus apoyos parlamentarios. Pero estos axiomas admiten matices.

La gran dificultad de formar gobierno con un parlamento muy fracturado que se experimentó tras las elecciones generales de 2015 y de 2016 –tras las primeras, fue imposible cuajar a mayoría y hubo que repetirlas, y tras las segundas sólo la ruptura interna del PSOE obró el prodigio- ha contrastado con la aparente facilidad con que Pedro Sánchez ha conseguido cristalizar a su alrededor los apoyos necesarios a su moción de censura, hábilmente presentada como lo que en realidad era: la plasmación del imperativo ético y político que obligaba a descabalgar del poder a un partido corroído por una corrupción institucional galopante, desenmascarado por los tribunales y reacio a asumir las responsabilidades derivadas de  innumerables escándalos.

Santos Juliá, citando a Fukuyama, ha teorizado sobre el auge del poder de veto en nuestras democracias avanzadas, y ha explicado la facilidad de aunar rechazos, muy superior a la de poner en común proyectos positivos. En otras palabras, quienes han apoyado a Pedro Sánchez sabían perfectamente lo que rechazaban, y lo han hecho con patente entusiasmo, pero no necesariamente están de acuerdo en lo que quieren para el futuro. Ello es particularmente así en las formaciones independentistas, que a pesar del consenso de los constitucionalistas en torno al artículo 155 C.E. y en su apoyo sin fisuras a la Constitución, han preferido deshacerse de Rajoy para enfrentarse con un rostro más amable, más dialogante y abierto, aunque no más laxo en la exigencia del cumplimiento de la ley.

Esta evidencia tiene consecuencias en lo referente al campo de acción que se abre ante Pedro Sánchez. Porque es evidente que, en las condiciones en que habrá de desenvolverse, encontrará más respaldo en la demolición de los elementos más conservadores de la obra legislativa del PP que en la impulsión de nuevas iniciativas socialdemócratas. En concreto, no será complicado biselar la ley de Seguridad Ciudadana en aquellos aspectos represivos que limitan la libertad de expresión, ni revisar la legislación laboral para devolver derechos sociales a los trabajadores y poner coto a una temporalidad insoportable, ni consolidar un sistema de pensiones garantista en el seno del Pacto de Toledo, etc. Incluso puede intentarse un gran pacto educativo que fije con mayoría cualificada criterios permanentes en el modelo español.

Mucha mayor complejidad tendrá el abordaje de la cuestión catalana, en que Sánchez cuenta con el apoyo del constitucionalismo para la defensa de la legalidad pero no, seguramente, para las reformas que serían  indispensables si se quiere realmente encontrar una solución estable y pacífica. Frente a la reclamación de que se reconozca el derecho de autodeterminación que ya ha formulado con tanto desparpajo como candidez Quim Torra, sólo cabe la oferta de perfeccionar el encaje de las comunidades autónomas en el Estado mediante una reforma constitucional de corte federalizante y una reforma estatutaria, objetivos ambos que pueden pergeñarse pero que difícilmente prosperarán con el consenso necesario en las actuales condiciones de la aritmética parlamentaria.

Y sin embargo, la cuestión catalana es –no nos engañemos— la principal urgencia de este país, y no parece que vaya a dar tregua: Torra todavía no ha vulnerado la ley pero sus gestos son inquietantes. El hecho de que mantenga su servicialidad humillante ante Puigdemont, la exhibición en la fachada de la Generalitat de un cartel que habla de “presos políticos” y de “exiliados”, su pretensión de revertir las medidas adoptadas al amparo del art. 155, su insistencia en que de lo que se trata es de avanzar en el proceso independentista… ponen de manifiesto una beligerancia clara, que si no se contiene de algún modo, obligará a intervenir de nuevo.

Así las cosas, parece claro que las reformas de mayor calado que conciba el nuevo gobierno habrán de quedar plasmadas en el programa electoral que se ofrezca a la ciudadanía en cuanto se convoquen elecciones. Porque, en realidad, la formación socialdemócrata tendrá en estos meses la gran oportunidad de ilusionar de nuevo a la ciudadanía, que ha salido del periodo de gobiernos conservadores con una muy extendida irritación: el crecimiento macroeconómico no representa por sí solo, es obvio, el gran desiderátum si fallan la igualdad de oportunidad y la equidad.

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