La moción de censura es en España constructiva, es decir, no se limita a destronar a un presidente del Gobierno, sino que también entroniza otro. Compendiada en el artículo 113 de la Constitución, responde al modelo alemán, de cuya Carta Magna fue tomada casi literalmente por los constituyentes. Como explica Óscar Alzaga en su ‘comentario sistemático’ a la Constitución de 1978, la norma española se inspira directamente en el artículo 67 de la Ley Fundamental de Bonn.

Quiere decirse que la ‘moción instrumental’ que proponían algunos para echar a Rajoy y convocar de inmediato elecciones era en cierto un modo un fraude de ley, que la Constitución quiso evitar. Y así, Sánchez ya anunció desde el primer momento que estabilizaría el país antes de convocar unas elecciones, probablemente anticipadas (es decir, antes de junio de 2020, que es cuando cumple el cuatrienio desde las últimas elecciones generales celebradas en junio de 2016).

En definitiva, Pedro Sánchez está al frente de un conglomerado de fuerzas políticas, cuya única afinidad reconocida entre todas ellas era el interés en poner fin al mandato de Mariano Rajoy. Ni siquiera los móviles eran comunes, porque en tanto el PSOE argumentaba la necesidad de regenerar la política española después de una etapa de insoportable corrupción protagonizada sobre todo por el PP —tesis compartida en buena medida por Podemos—, es obvio que los soberanistas catalanes tenían otras preferencias e intereses. En cualquier caso, nadie ha engañado a nadie y tiene por tanto Sánchez ante sí la oportunidad de promover cambios y tomar decisiones antes de remitir la situación a las urnas para que los ciudadanos dictaminen sobre lo que se ha hecho y sobre lo que cada actor anuncie como propuestas propias. Es de suponer que en este afán, que requerirá, sin duda, raudales de inteligencia política, Sánchez dotará a los Ministerios clave —los llamados de Estado— de titulares solventes y con experiencia.

 

La aceptación por Sánchez del presupuesto de 2018, que lógicamente podrá ser retocado tras su aprobación definitiva con algunos cambios de orientación, es —además del gesto que ha terminado de convencer al PNV— una medida acertada, toda vez que permitirá al nuevo gobierno partir de unos datos macro equilibrados para planear unos presupuestos para 2019 y dedicarse a una labor eminentemente política, que deberá estar centrada en dos grandes iniciativas:

Por una parte, Sánchez tiene que emprender un diálogo abierto y riguroso con le independentismo catalán, aprovechando los evidentes signos razonables que han lanzado sectores del soberanismo, que producen relativamente buenos augurios (en especial, ERC, que a través de Junqueras da a entender un repliegue al interior del marco del estado de derecho). Sánchez deberá mantener, como es lógico, el consenso con las fuerzas constitucionales, pero habrá de estar abierto a cuantas propuestas quepan en este generoso ámbito de libertad que la Carta Magna nos otorga. Desde la solución federal que el PSOE ha abanderado siempre hasta que la cuasi confederal que acaba de enunciar el Círculo de Economía, hay un abanico de reformas posibles en cuyo desarrollo inteligente puede estar el fin del conflicto.

El Círculo de Economía, presidido hasta hace poco por Antón Costas y actualmente por Juan José Brugera, ha emitido dos importante documentos –“Propuestas para mejorar el autogobierno de Cataluña y el funcionamiento del modelo territorial del Estado” y “Hacia un nuevo modelo de financiación autonómica”— que se compartan o no, plantean soluciones audaces e inteligentes que como mínimo habrá que explorar.

El como debe materializarse la solución no ha de ser el problema: hay muchos cauces abiertos, y todo tiene solución, incluso la devastación judicial que han producido los excesos independentistas.

Por otra parte, parece lógico que Sánchez retome las iniciativas que ya cuentan con el consenso de toda la antigua oposición a Rajoy, y que no llegaron a plasmarse por la negativa frontal del PP, que ni siquiera dio facilidades cuando el Tribunal Constitucional puso límites a su interpretación del artículo 134.6 de  la Carta Magna, que otorga derecho de veto —ahora se sabe que limitado— al Gobierno en aquellas proposiciones y enmiendas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la plasmación del Pacto Educativo elaborado entre todos, la reforma de la legislación laboral para devolver derechos y poner coto a una temporalidad anormalmente alta, la reforma la financiación autonómica, la consolidación de un sistema de pensiones progresista, etc… son asuntos que requieren amplios consensos y que un gobierno nuevo puede poner en pie con relativa rapidez.

Estos desarrollos, en un contexto de estricto cumplimiento de los compromisos europeos, unidos a una clara preocupación por la lucha contra la pobreza laboral y por la desigualdad insoportable que ha derivado de la crisis, pueden devolver la ilusión a este país, que tiene la oportunidad de abrir un tiempo nuevo.  Lógicamente, la heterogeneidad de los apoyos y la palabra dada por Sñanchez a sus socios en al moción de censura recomiendan no prolongar en demasía este tramo excepcional de la legislatura, por lo que un horizonte razonable para fijar las elecciones generales podría ser el de las elecciones autonómicas, municipales y europeas que van a celebrarse en mayo del año que viene.

Ese periodo de tiempo de menos de un año puede ser suficiente para que el PP, que tiene que tomar decisiones internas de calado, tenga tiempo de reconstruirse; para que Ciudadanos —el gran damnificado en este episodio porque se ha quedado sin sitio y sin discurso—  recomponga la figura, y para que, superada la anomalía que venimos de vivir, las organizaciones se apresten a adaptarse al nuevo modelo democrático y parlamentario pluripartidista en que nos encontramos y en que la estabilidad futura dependerá en gran medida de la capacidad de los actores a la hora de negociar y acordar.

 

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Sobre El Autor

Antonio Papell

Spanish Journalist and Writer. Periodista y escritor español.

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