La abultada sentencia de la primera parte del ‘caso Gürtel’, que refleja la existencia de una gran maquinaria de ‘corrupción institucional’ que afectaba a vastas zonas de la organización del PP, ha provocado finalmente un terremoto político que pondrá seguramente fin a la ficción de estabilidad política que Rajoy venía cultivando, y que le ha permitido sacar adelante en el Congreso unos Presupuestos para 2018 (cuya aprobación definitiva está en el aire, ya que la cuentas públicas sólo quedaran blindadas si la presidenta del Congreso ubica la ya presentada moción de censura después del pleno del 19 de junio en que el Senado debe aprobarlos definitivamente).

Como la gota que colma el vaso, la sentencia de la Audiencia Nacional ha agotado la autoridad moral de este Ejecutivo en precaria minoría entronizado a trancas y barrancas en junio de 2016, tras una grave ruptura del PSOE, que a lo que parece empieza ya a rehacerse del todo del contratiempo.

La autoridad moral es obviamente un concepto subjetivo, que se posee o no. El Partido Popular y quienes gobiernan bajo sus siglas, con el presidente Rajoy a la cabeza, han visto su autoridad moral muy socavada por la interminable secuencia de episodios de corrupción (y de sus secuelas judiciales) a lo largo de la legislatura. Y la acumulación de casos —revelaciones, procesos y condenas judiciales— en una secuencia reiterativa y agobiante ha tenido un efecto acumulativo que en un cierto momento ha producido el estallido. Máxime cuando el partido del gobierno tan sólo cuenta con 134 diputados, lo que significa que necesita apoyos para cualquier designio, incluida su propia supervivencia.

La lista de episodios de corrupción se ha ido haciendo muy larga, y es patente que ha mantenido una cierta correlación con las encuestas: el PP ha ido descendiendo de cotización sociológica desde su resultado en las elecciones generales de 2011 (44,6% de los votos) al entorno del 30% en las generales de 2015 y 2016 y al 20% que muestra actualmente en la mayoría de los sondeos. Esta caída persistente del techo electoral ha terminado produciendo súbitamente una ruptura de la confianza institucional este pasado jueves: en el plazo de unas horas se conocía que un tercer exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, era detenido porque las fuerzas de la seguridad del Estado habían encontrado pruebas, convalidadas por un juez, de que estaba tratando de repatriar una gran fortuna supuestamente adquirida mediante cohechos en su etapa de poder (ants de ser ministro fue alcalde de Benidorm y presidente de la Comunidad Valenciana); y se hacía pública la sentencia de la primera parte del ‘caso Gürtel’, que condenaba a 29 personas a un total de 351 años de cárcel, reconocía la responsabilidad del Partido Popular y la existencia de una ‘caja B’ al menos desde 1989, y negaba credibilidad al testimonio en la causa del mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue obligado a declarar. La cúpula del PP y el Gobierno han intentado una vez más restar importancia a este acúmulo indecente de corrupción argumentando que los hechos en cuestión son antiguos y que ningún dirigente actual ha estado implicado en ellos, pero esta vez la disculpa ha sido contraproducente: la indignación ha aumentado hasta el estallido.

Ciudadanos, la formación que ha permitido al PP lograr la investidura y mantenerse hasta el momento presente, fue la primera en romper la baraja: la sentencia marca un antes y un después y la legislatura está acabada. A las pocas horas, el PSOE presentaba una pertinente moción de censura que era inmediatamente secundada por Podemos… Rajoy ha salido a la palestra con el peor de los argumentos: el de la estabilidad. Es cierto que la estabilidad es un bien necesario, que nos vendría muy bien en estos momentos de conflicto territorial, pero no es ético hacerla primar sobre los principios. Como ha escrito Teodoro León Gros, “no resulta muy convincente que la estabilidad económica constituya un cheque en blanco para la corrupción”. El ‘ya basta’ parece hoy una declaración profiláctica que no puede obviarse por razones de simple pragmatismo. Porque para encauzar el conflicto catalán por la senda de la constitucionalidad también hace falta autoridad moral, esa que hoy Rajoy ya no puede exhibir.

La pelota está en el tejado del PSOE y de Ciudadanos, ambos de acuerdo aparentemente en que sólo cabe una solución disruptiva. La iniciativa del PSOE ha sido certera porque ha desmontado la ya reiterada estrategia de Ciudadanos cada vez que ha debido reaccionar a un desmán del PP (Murcia, Madrid): exigir a Rajoy elecciones para evitar la moción de censura del PSOE, y amenazar con sumarse a la moción.

Ahora, Ciudadanos está entre la espada y la pared: rechaza adherirse a la moción del PSOE, pero de mantenerse en esta negativa debería cargar con la responsabilidad de la continuidad del Gobierno.

Un desenlace posible es el éxito de la moción de censura sin Ciudadanos, lo que supondría que el PSOE debería obrar el prodigio de asegurar la firmeza insobornable del Estado mientras recibe apoyos de formaciones separatistas (el equilibrio es difícil pero no imposible: después de todo, los independentistas ya saben que el PSOE no violentará la Constitución). Otro, probablemente más realista, es que PSOE y Ciudadanos se pongan de acuerdo en sacar adelante la moción de censura con una hoja de ruta común y unas elecciones a plazo acordado.

El conflicto catalán no debería ser obstáculo para el saneamiento de la política española por varias razones. Primero, porque los consensos básicos de fondo entre los partidos constitucionalistas no tienen por qué alterarse. Segundo, porque el bloqueo se aliviaría con nuevos interlocutores en Madrid, con una mayor legitimidad y perspectivas más flexibles (el PSC es hoy por hoy el centro político en la polarizada Cataluña). Y, finalmente, porque la oxigenación de la política española ofrecerá renovadas energías a las instituciones, hoy arruinadas por la pérdida de credibilidad de los principales actores.

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