La respuesta más rápida sería un simple ‘no’. Es cierto, esta plataforma de alojamientos particulares y turísticos no echa el cierre, pero ya podemos ver como en algunas partes del mundo los ciudadanos protestan y los gobernantes comienzan a legislar para proteger a los suyos.

A partir del próximo mes de julio aquellas personas que posean un piso o un apartamento situado en Palma no podrán alquilárselo a turistas. La capital balear, gobernada por PSOE, Més y Podem, toma de esta manera una medida pionera, que prohibirá los pisos turísticos en toda la ciudad.

Las organizaciones políticas han llevado a cabo esta medida después de encargar y estudiar detenidamente varios estudios que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50 % entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma, solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia, explicaba El País en un artículo. El estudio desvela que el 48 % de los pisos de alquiler turístico se ofrece en periodos de entre siete y ocho meses, lo que veta posibilidades a la entrada de alquiler residencial de larga temporada en el mercado.

El equipo de gobierno aprobará en el pleno municipal su propuesta inicial de delimitación del alquiler vacacional. Desde ese momento, Palma solo permitirá el alquiler a viajeros en las viviendas unifamiliares (casas aisladas o chalés), excepto los situados en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial, como los polígonos industriales.

El alcalde de Palma, Toni Noguera, cree que esta medida marcará una pauta a seguir en otras ciudades. “Palma es una ciudad decidida y valiente. Lo hemos acordado basándonos en el interés general y creemos que marcará la tendencia para otras ciudades, que entenderán que los equilibrios es la clave”.

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