Cuando se han cumplido más de dieciocho meses de la legislatura, la encuesta electoral del CIS conocida hace unos días confirma sustancialmente las tendencias que habían señalado las encuestas privadas de las últimas semanas. El Partido Popular está en declive —ha perdido casi siete puntos desde las elecciones generales de 2016—, y de hecho ya ha experimentado en Cataluña una débacle histórica; Ciudadanos, en cambio, está en pleno apogeo, en parte por su antinacionalismo,  y ha subido cerca de ocho puntos desde la referida cita electoral. El PSOE ha subido levemente desde entonces (menos de un punto) y Podemos habría caído algo más de dos puntos, con lo que su desplome no sería tan grave como anunciaron algunos de los sondeos recientes.

Las sinuosidades de la evolución electoral de los cuatro grandes partidos revelan una evidente volatilidad, que es perfectamente lógica por la confusión que genera la coyuntura, caracterizada por el desconcertante conflicto catalán y por el ritmo anodino y descabalado del proceso político, que es de una calidad indiscutiblemente mejorable. Y lo más relevante del conjunto de datos de que se dispone es que existe una especie de gigantesco empate técnico entre las cuatro organizaciones que han sentado plaza en el panorama estatal: PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos están entre el 19 % (Podemos) y el 26,3 % (PP), lo que sugiere que es altamente improbable, con esta distribución, que en el futuro pueda haber gobiernos basados en la suma de dos fuerzas únicamente. Y si se mantiene la tónica de que en nuestro modelo actual es imposible una coalición de tres partidos porque aparecen incompatibilidades imposibles de resolver, llegaremos a la conclusión de que estamos abocados a mantenernos en una situación de inestabilidad perpetua semejante a la actual, en la que no peligra la continuidad del gobierno pero en la que se ha interrumpido casi del todo la actividad legislativa por la imposibilidad de reunir mayorías suficientes en los grandes asuntos.

La incapacidad para legislar: un grave déficit

El final del bipartidismo imperfecto que, a escala estatal, puede fecharse en las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando Podemos y Ciudadanos irrumpieron con fuerza en el abanico parlamentario del Congreso, ha supuesto de momento un evidente fracaso para el sistema democrático. Tras aquellas elecciones de diciembre de 2015, las fuerzas políticas fueron incapaces de encontrar una fórmula de estabilidad (como se recordará, Podemos se negó a secundar el pacto PSOE-C’s) y hubo que acudir a las urnas de nuevo el 26 de junio de 2016. Y como lógicamente los resultados fueron parecidos, el logro de una fórmula de gobierno resultó igualmente ardua. Mariano Rajoy no aceptó el encargo regio de intentar la investidura, y finalmente su continuidad en el poder sólo fue posible cuando el PSOE se fracturó en un episodio dramático en el que los autores de un golpe de mano interno descabalgaron al secretario general, disconforme con permitir por omisión la continuidad de la derecha en el poder.

Se salvó aquel bache y Rajoy pudo formar gobierno de nuevo, pero el saldo de la legislatura es desolador. Por fortuna, PP, PSOE y C’s han hecho piña en la cuestión catalana, en la que estaba juego el Estado; no cabía esperar menos de unas formaciones conscientes de sus obligaciones constitucionales y de la necesidad ineludible de preservar el estado de derecho. Pero en todo lo demás, el Ejecutivo y el Legislativo permanecen en un inquietante marasmo. El pasado mes, el líder de IU, Alberto Garzón, planteó su protesta por carta ante la presidenta de la Cámara baja y acusó al Gobierno de forzar “una paralización legislativa” en el Parlamento. IU considera que, más allá de una estrategia del grupo que lidera Mariano Rajoy, el escaso número de leyes aprobadas en año y medio es la consecuencia de un funcionamiento incorrecto de las Cortes: “Me preocupa enormemente que el Congreso de los Diputados, de cuyo correcto funcionamiento usted es responsable en última instancia, esté coartando lo decidido por los legítimos representantes de la ciudadanía”.

Lo cierto es que en lo que llevamos de legislatura –año y medio- apenas se han aprobado 14 leyes, de las cuales 9 son trasposiciones de directivas comunitarias. El Gobierno no ha sacado adelante una sola norma de rango legislativo. En su carta a Ana Pastor, Garzón comentaba que “diversos medios de comunicación comparaban estos días la situación con los 15 primeros meses del Gobierno de José María Aznar, en los que se aprobaron hasta 50 proyectos de ley, o con el primer año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hubo 45 proyectos de ley aprobados”.

La oposición no ha conseguido tampoco sacar adelante sus principales iniciativas. La Mesa del Congreso, controlada por el PP y C’s, prolonga reiteradamente los plazos de enmienda para alejar la tramitación de los proyectos conflictivos, que son casi todos. Afirma Garzón que en ese ‘impasse’ hay asuntos atascados durante más de un año y “tan significativos” como la modificación de la “Ley Mordaza”. Esta proposición está congelada desde abril de 2017. La propuesta para suspender la LOMCE es aún más antigua, y está paralizada desde diciembre de 2016. “La despenalización del derecho de huelga está estancada desde junio de 2017; la proposición de ley para la mejora de la justicia universal desde marzo de 2017; aquella que incrementaría el salario mínimo interprofesional está retenida en Cortes desde diciembre de 2016”… De hecho, la mayoría absoluta del PP en el Senado y la norma constitucional que permite al Gobierno vetar aquellas iniciativas que supongan incremento de gasto son herramientas que facilitan la paralización de la tarea legislativa.

Lo cierto, en fin, y lo que trasciende a la opinión pública es que el pluripartidismo está generando ingobernabilidad y produciendo un déficit democrático, que impide que el país avance, se modernice, incorpore novedades a su ordenamiento a media que vayan advirtiéndose las necesidades. Esta parálisis se puede atribuir a las instituciones, pero en realidad la responsabilidad es de los actores: la incapacidad de negociar y de pactar, que se disimuló en el anterior modelo bipartidista, es hoy la principal carencia democrática de este país.

El populismo irrumpe de nuevo

Sin embargo, sorprendentemente, ahora resulta que la gran urgencia legislativa que tiene este país es la reforma al alza de la prisión permanente revisable, un endurecimiento de la máxima sanción del código penal que el PP impuso con sus únicos votos en 2015 y que suscita serias dudas de constitucionalidad entre los juristas, ya que la Constitución (art. 25.2) dispone taxativamente que ‘las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social’. Tanto es así que en octubre de 2016, el Congreso respaldó por amplio margen una iniciativa del PNV que exige al Gobierno derogar la prisión permanente revisable; tan sólo el PP y UPN se mantuvieron a favor de la reforma; la propuesta de derogación logró 176 apoyos, con 135 votos en contra (los del PP) y 31 abstenciones. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado este viernes un proyecto de ley para ampliar los delitos que puedan ser sancionados con esta pena excepcional.

Es puro populismo entablar una competición para ver quién siente más dolor ante hechos criminales de excepcional gravedad y quién está dispuesto a llegar más lejos para reprimirlos penalmente… cuando es evidente que la degradación moral no se combate con sanciones penales: no hay prueba alguna de que la pena de muerte, que aún avergüenza a los norteamericanos, contribuya a reducir la criminalidad en aquella gran nación; hay quien piensa que es al contrario, ya que la violencia institucional anima y despierta las patologías de los perversos y de los perturbados. De cualquier modo, cuando este país está teniendo que resolver un problema existencial de la envergadura del catalán, cuando estamos asistiendo a una parálisis parlamentaria que es realmente un gran fracaso democrático en que queda llamativamente a la luz la impotencia de los partidos para entenderse y pactar, cuando no hay modo de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica (lo que provoca un grave quebranto a varias comunidades particularmente maltratadas por el actual statu quo) y cuando ni siquiera hay modo de sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año en curso, que deberían incluir compromisos y reformas urgentes, distraer la atención en asuntos como la prisión permanente revisable es una impertinencia disfrazada de evasiva, que sin duda irrita a mucha gente. ¿O alguien puede imaginar que los diputados del PP lloren más intensamente los crímenes de los desaprensivos que los diputados del PSOE, de Podemos o de Ciudadanos?

La verdadera defensa de la mujer, de su integridad y de sus intereses se logra mediante políticas activas, convenientemente financiadas, que las protejan de las agresiones, les reconozcan la verdadera igualdad laboral y social y las sitúen fuera del alcance de los explotadores que las utilizan como mercancía. Actuar sobre el código penal como única respuesta a situaciones de flagrante injusticia es, en el fondo, el reconocimiento de una gran falta de imaginación o de una colosal impotencia. En cambio, prescindir de unos presupuestos nuevos que deberían recoger la financiación que requiere la puesta en marcha del recién concluido pacto sobre violencia de género es una grave irresponsabilidad, de la que deben responder quienes, por sectarismo o por otras causas, impiden tal avance.

De un tiempo a esta parte, sobre todo desde que tenemos que lidiar con el conflicto catalán –un compendio de rancia pusilanimidad que apunta a las antípodas de la modernización del país-, estamos enmarañados  en un mundo político pequeño e impotente que nos impide avanzar en el sentido adecuado.  En tanto Macron prepara su enésima reforma constitucional para depurar el sistema representativo francés, aquí somos incapaces del menor acuerdo, del más leve consenso para dar algún paso en el rescate de un régimen que se nos ha quedado viejo. Y nuestro afán se reduce a graduar la dureza que haya que aplicar a los violadores o a los asesinos, mientras la corrupción nos desborda por los cuatro costados, como si la moral pública dependiera del destino carcelario de los malhechores.

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