Los resultados del 21D han sido, reconozcámoslo cuanto antes, desconcertantes. Después de la vulneración de la legalidad por el soberanismo parlamentario –un verdadero golpe de Estado incruento—, de la celebración de dos consultas ilegales, de la aplicación potente del artículo 155 de la Constitución con la destitución del gobierno y una convocatoria de elecciones, y de las actuaciones judiciales por presuntos delitos de sedición y conexos  y quién sabe si de rebelión, el independentismo mantiene casi exactamente su potencia electoral relativa en los últimos dos años. Las dos formaciones nacionalistas clásicas de la etapa democrática, ERC y PDeCAT, juntas o por separado, alcanzan en torno a los dos millones de sufragios y no reúnen ni votos ni escaños suficientes para alcanzar la mayoría absoluta del parlament. Y si se añade el concurso de los antisistema de la CUP (que aspira a una independencia muy distinta de la que desean sus fraternos socios soberanistas), el independentismo obtiene mayoría parlamentaria en escaños pero no en votos. En esas circunstancias, y con independencia de que la comunidad internacional no reconozca a Cataluña el derecho de autodeterminación, la reclamación de la independencia es inapropiada porque los reclamantes no muestran suficientes apoyos para merecerla.

La situación puede, pues, describirse con unos conceptos bien precisos: estancamiento, bloqueo, empate técnico. Lo cual introduce los peores presagios, ya que casi todo sugiere que “el proceso” podría volver a empezar.  Si se escucha a los radicales más conspicuos, parece que estamos a punto de ello. Y parecería lógico tratar de evitarlo porque el Estado no cederá en sus razones y Cataluña podría abocarse a una situación de crisis que terminaría repercutiendo en toda España.

Pese a lo difícil de encontrar una solución en estas condiciones, y como se ha comentado aquí mismo en las pasadas semanas, han aparecido algunos trabajos sobre la democracia consociacional (Liphjard) o consensual, que en los contextos muy fragmentados consiste en distribuir el poder entre actores diversos, que han de negociar cada acuerdo y que mantienen incluso el derecho de veto (el modelo Borgen, de Holanda, o las fórmulas adoptadas en el Ulster). Pero Antón Costas, ese brillante catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, ha ido un paso más allá, al proponer la búsqueda de una democracia consensuada basada en el conflicto.

Costas niega el extendido axioma de que la democracia sólo es posible si existe un consenso sobre valores básicos; en realidad, lo único que hace falta para gestionar democráticamente un conflicto es la voluntad de hacerlo y la decisión de eludir los problemas insolubles de la democracia puramente referendaria (gobierno de la mayoría con respeto a las minorías).

Para explicarlo, Costas recurre a Hischman y a Sartori. “Para Hirchman, el conflicto social bien gestionado actúa como un pegamento de la democracia. Todo depende de qué tipo de conflictos se produzcan. Los hay de dos clases: del tipo ‘más o menos’ y del tipo ‘o esto o lo otro’. Los primeros enriquecen la democracia. Los segundos la rompen”. Sartori, por su parte, ha clasificado las formas de democracia, y concluye en que la democracia referendaria  plantea conflictos del tipo “O esto o lo otro” (la independencia o no, por ejemplo), conflictos de suma cero aunque, en realidad, al volverse insolubles, son negativos para ambas partes.

La situación actual es la que es: el independentismo ha conseguido la mayoría en escaños y el unionismo en votos. Estamos como estábamos, y la situación anterior nos ha traído hasta aquí. Si se desea preservar la democracia en su sentido lato, es, pues, necesario buscar un consenso. “Pero Sartori –recuerda Costas– señala que ‘el consenso no es aprobar; basta con que sea aceptar’. Pero, ¿aceptar qué? Puede ser la aceptación: 1) de valores últimos, 2) de reglas de juego, 3) de gobiernos”.

El consenso de ‘valores últimos’ facilita las cosas pero no es ‘condición necesaria’ según Sartori; sin él, estaremos en una ‘democracia difícil’. Parece evidente. Pero el consenso realmente indispensable es el ‘consenso procedimental’, el acuerdo sobre las reglas de juego y especialmente  sobre la regla que “decide cómo decidir”. En definitiva, Costas concluye que “necesitamos saber cómo estar en desacuerdo”.

Y no va más allá, aunque abre evidentemente un camino magnífico para buscar una solución. Pensemos, por ejemplo, un compromiso político del siguiente tipo: los independentistas se comprometerían a no volver a plantear la cuestión de la independencia hasta que no consigan una mayoría cualificada de dos tercios en unas elecciones autonómicas (es un requisito implícito en la ley canadiense de la Claridad, y coincide con las condiciones  españolas para la reforma constitucional e incluso para la reforma estatutaria). Y a cambio, los constitucionalistas se comprometen a que, si tal cosa sucede, apoyarán una negociación sobre el modelo de Estado que incluya la reforma constitucional que permita un referéndum sobre la independencia. Esta fórmula de acuerdo admite, como es lógico, infinitas variantes, pero es sin duda posible. Como lo ha sido en Québec, con resultados sumamente estimulantes, después de los dos referéndums: ha dejado de existir un problema vital en torno a la independencia o no.

Sobre esta base, se podría superar la indeseable política de bloques (independentistas frente a unionistas) y regresar a la dialéctica sociopolítica ideológica izquierda-derecha. La cuestión de la soberanía dejaría de ser tabú pero quedaría aplazada lealmente para dejar paso a un proceso político ordinario que, en Cataluña, se ha vuelto imperativo y urgente: la región más dinámica y próspera del Estado español está quedando rezagada, ensimismada en una identidad que empieza a ser caricatura.

La sociedad catalana está hoy por hoy sobreexcitada, podría decirse que fanatizada por unas expectativas recalentadas por una estrategia de agitación bien estudiada. Corresponde a los líderes verdaderamente democráticos y decididos actuar de buena fe, reducir la crispación e introducir los elementos de racionalidad y concordia que permitan rebajar el tono del debate y conducirlo por estos parajes en que también la democracia puede aportar soluciones incruentas, creativas y enriquecedoras.

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Sobre El Autor

Antonio Papell

Spanish Journalist and Writer. Periodista y escritor español.

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Una Respuesta

  1. Carles Gavilà

    Estaria bien el articulo si no fuera por EL TUFO DEMASIADO MARCADO UNIONISTA, con poco respeto a los que pensamos diferente que por si mismo se contradice… ya que al aportar las possibles soluciones, implicitamente està describiendo un problema politico, y no judicial como os habeis empeñado, con lo cual no existe delito alguno…. y no vayais de Santos, cuando todo proviene de ese imperialismo espanyol y ese caràcter prepotente espanyol, si se hubiera querido hablar al principio de todo, se hubiera votado, hubierais ganado plàcidament, os habrias podido colgar todas las medalles que quisierais y nosotros “MUTS I A LA GABIA”…. y quien no entienda esta frase… existe Google…. y otra…… “A CAGAR A LA VIA QUE ES BEN LLARGA “

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