Este artículo necesita de este preámbulo, ya que sin él se prestaría a equívocos: en un Estado democrático con separación de poderes, el Poder Judicial es la suma de una serie de jueces que dictan sus sentencias en soledad y según su conciencia. Cada uno de ellos ha de aplicar las normas vigentes, lealmente interpretadas, a la resolución de los conflictos que se someten a su consideración. Y en este sentido, el poder judicial español es magnífico e inobjetable, goza de merecido prestigio y cabe oponérseles escasas objeciones.

Ahora bien: entendiendo por Poder Judicial el tercer poder del Estado según el clásico esquema de Montesquieu, es decir, la organización de jueces y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional, la situación es mucho más controvertida por la endeblez material del sistema y por la relativa escasez de independencia y de autonomía que se desprende de la interpretación de las normas que lo regulan. Pero la crítica se dirige al sistema, que tiene una entidad política, y no a los jueces, que son meros servidores del Estado y cuyo papel en general no se cuestiona. Al contrario: existe amplio consenso sobre la idoneidad y entrega de la inmensa mayoría de ellos.

Y sin embargo —y entro ya en materia—, hay un problema con la independencia judicial. La percepción de la realidad es la que se desprende de los siguientes juicios de valor.

En abril de 2017, la Comisión Europea publicaba el último Cuadro de Indicadores de la Justicia, que ponía en evidencia a España al situarla en el grupo de cabeza de los países europeos con peor percepción de la independencia judicial: el 58 % de los españoles la consideran “mala” (39 %) o “muy mala”(19 %), lo que significa que que sólo tres de los 28 países están por detrás de nosotros: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Los últimos datos referidos a  España empeoran en un 2 % los resultados ofrecidos el año pasado.

En cuanto a los motivos de dicha falta de independencia, las respuestas ofrecidas por una muestra de individuos en el Eurobarómetro reflejan que el 49% de los encuestados la atribuye a “interferencias políticas”; y un 45% cree que hay presiones por parte de intereses económicos. En la cabeza de la escala europea, la población más satisfecha con la independencia judicial de su propio sistema es la danesa: sólo un 7 % la describió como mala” o “muy mala”. En Francia, los porcentajes descalificatorios sumaban un 37 % y en Portugal, un 34 %.

Cuando la pregunta se formula a las empresas, los resultados en España cambian poco: un 59 % de las compañías, por boca de sus representantes, consideran la situación de la independencia judicial como “mala” (41 %) o “muy mala” (18 %). En este caso, el ránking nos sitúa en el puesto 22 de 28.

El Ministerio de Justicia, a través de su titular, ha puesto en duda la fiabilidad de estos datos del Eurobarómetro: “Hay que poner de relieve que el uso de encuestas de naturaleza subjetiva ha sido desde hace tiempo muy contestado en Bruselas por diversos países miembros”, dice el Ministerio.  Y no hay más que hablar.

No sólo la Comisión Europea tiene en mal concepto la independencia judicial: España se sitúa al nivel de Irán en independencia judicial según un estudio del Foro Económico Mundial de 2015. De un total de 148 Estados analizados, el español ocupa el lugar 72. Justo detrás está la república islámica persa y de Indonesia. España obtiene un escaso 3,7 de nota.

Los países con una justicia más independiente del poder ejecutivo son Nueva Zelanda (6,7), Finlandia (6,6), Irlanda (6,4), Hong Kong (6,3), Noruega (6,3) y el Reino Unido (6,2). España, en cambio, queda por debajo de Botsuana, Malasia y Arabia Saudí. Justo por encima sede se sitúan Zambia (3,7), Italia (3,7) y Lituania (3,7), que también quedan mal posicionadas en el ranking, titulado Executive Opinion Survey. El estudio ha valorado la independencia de los jueces con respecto a los gobiernos, los ciudadanos y las empresas.

En 2014, La Comisión Europea publicaba a segunda edición del Marcador sobre el estado y la calidad de la Justicia en la UE de 2014,  con datos de 2012 derivados, principalmente, del Consejo de Europa y de la Comisión para la Evaluación de la Eficacia de la Justicia (Ceej). Y nuestro país se hallaba en las últimas posiciones de la UE por número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes —cuantía bastante menor que la media de 19 por cada 100.000 habitantes de la UE—, sólo superior a las de Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia. En materia de presupuesto dedicado a los tribunales, registrábamos una espectacular caída desde los 90 euros por habitante que se invertían en 2010 a apenas 25 euros por habitante en el año 2012. Sólo Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia e Irlanda dedicaban cantidades más bajas.

En lo tocante a la celeridad de la Justicia, España se situaba en la parte media de la clasificación europea en lo que se refiere a la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio, superando incluso a Francia o Finlandia; sin embargo, el número de casos pendientes estaba entre los más altos de la UE -casi tres por cada 100 habitantes en primera instancia-, aunque bajaba ligeramente respecto a 2010. Sólo registraban peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia. Pero el estudio no disponía de información de Chipre, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Holanda y Reino Unido.

La anomalía del Consejo General del Poder Judicial (y del Triunal Constitucional): la elección por cupos

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, que “estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión” (art. 122.3 C.E.).

Pues bien: la ley orgánica ha sido cambiada repetidamente, y desde hace un tiempo todos los miembros del CGPJ son elegidos por las cámaras y con la mayoría cualificada de tres quintos, pero mediante una marrullería descalificante: los grandes partidos se distribuyen sus cuotas por cupos, y se conceden mutuamente la mayoría requerida, de forma que el Consejo sea un calco del Parlamento, con la misma proporción de afines a la primera y a la segunda fuerza del Congreso de los Diputados. En otras palabras, los miembros del Consejo no gozan de un sincero respaldo transversal, que los haría idóneos para tan delicada misión, sino que son de la absoluta confianza del PP o del PSOE, y sus candidaturas salen adelante porque ambos partidos se intercambian los apoyos.

La tergiversación del espíritu constitucional es flagrante. Y esta misma marrullería se utiliza en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, que también acaba teniendo una composición ideológicamente semejante a la del Parlamento.

La anomalía de la Audiencia Nacional. El delito de rebelión

Javier Pérez Royo escribía en un artículo reciente:

“Las dudas sobre el encaje de la Audiencia Nacional en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos acompañaron a este órgano desde su nacimiento. En un Estado democráticamente constituido solamente debe haber un órgano judicial, cuya jurisdicción se extienda a todo el territorio del Estado, que es el Tribunal Supremo. No debería haber ningún otro. Por esta razón la Audiencia Nacional es una anomalía democrática”.

“Tal anomalía tuvo que ser justificada por la Comisión Europea en 1986 y por el Tribunal Constitucional en 1987. Ambos la justificaron de la misma manera, la Audiencia Nacional no es “juez natural”, pero si puede ser considerado “juez ordinario predeterminado por la ley”, que es lo que exige el artículo 24 CE. Aunque es cuña de otra madera, se puede salvar su presencia en la planta judicial del Estado español. Es el único órgano judicial cuya adecuación a la Constitución y al Convenio Europeo ha tenido que ser justificada. No ha ocurrido con ningún otro”.

 

En realidad, la Audiencia Nacional, que fue creada en 1977 (antes de la Constitución del 78) el mismo día de la desaparición del franquista Tribunal de Orden Público, fue mantenida a capa y espada por una razón circunstancial de considerable peso: la existencia de ETA. Por varios motivos apreciables, era deseable que los miembros de la organización terrorista fueran juzgados en Madrid, lejos de la exorbitante presión ambiental del País Vasco. En cualquier caso, este tribunal tiene unas competencias perfectamente tasadas y cualquier extralimitación es sospechosa.

Y extralimitación ha sido, según un sector nada despreciable de la opinión jurídica, aceptar la competencia en los delitos de rebelión, que fue por cierto expresamente negada en una ocasión memorable: en el Auto 34/2008, de 2 de diciembre, referente a la instrucción que estaba realizando el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, se dice textualmente que “el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta audiencia nacional”. ¿Cómo podía no conocer este antecedente el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, si él era uno de los veinte firmantes del referido auto, cuando justificaba en sus recientes actuaciones la competencia de este tribunal a la hora de acusar por rebelión y otros delitos a los exconsejeros del Gobierno catalán?

Las puertas giratorias

En España, los jueces pasan con extraordinaria facilidad de la judicatura al poder ejecutivo y del poder ejecutivo a la judicatura. El caso más notable fue el de Baltasar Garzón, quien llegó a ser secretario de Estado con Felipe González en la presidencia del Gobierno y a su regreso a la toga instruyó causas contra el gobierno al que había pertenecido.

En la actualidad, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es Carlos Lesmes Serrano, quien entre 1996 y 2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, desempeñó cargos en el Ministerio de Justicia: como Director General de Objeción de Conciencia (1996-2000) y como Director General de Relaciones con la Administración de Justicia (2000-2004). Nada hay de ilegal en ello, ni está en cuestión la idoneidad de las personas, pero un sector de opinión piensa legítimamente que el juez que abandona la carrera judicial para ocupar cargos de confianza políticos o se adhiere a un partido para concurrir a elecciones no debería regresar a la judicatura, de la misma manera que el militar que abandona el Ejército para dedicarse a la política no pueden regresar a los cuarteles.

Justicia democrática y euroorden

La defensa de Puigdemont y de los exconsejeros “exiliados” en Bélgica argumentará la “mala calidad” de la democracia española para evitar que las euroórdenes sean efectivas. La argucia ya fue exitosa en el caso de varios etarras, que no fueron entregados a España a pesar de que os argumentos para ello era, comes obvio, mucho más sólidos que en este caso (estábamos hablando de terroristas, de criminales).

A este respecto, hay que decir que la estratagema resulta inaceptable porque nuestro sistema judicial, aun con los defectos apuntados, es impecablemente democrático, y desde luego homologable a los más avanzados de Occidente. Hará bien, pues, España presionando todo lo debido ante las instituciones belgas y comunitarias y utilizando todos los recursos jurídicos a su alcance para que se cumplan las normas europeas sin pretextos ni dilaciones.

 

Lo que no quita para aquí dentro avancemos en la depuración de nuestro sistema judicial para perfeccionarlo y llevarlo a niveles más elevados de excelencia.

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