El Tribunal Constitucional no es propiamente ‘poder judicial’ como lo demuestra el hecho de que la Constitución de 1978 distinga perfectamente entre el genuino “Poder Judicial” (Título VI) y el Tribunal Constitucional (Título IX) pero uno y otro participan de la misma tergiversación sistemática que el poder político ha venido haciendo en provecho propio desde el arranque del régimen. Bastan seguramente algunos elementos argumentales sueltos –el presidente del Tribunal Constitucional ha tenido carné del Partido Popular y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha sido director general en los gobiernos de Aznar— para avalar esta tesis crítica, que acumula a diario nuevos datos probatorios.

Sin ir más lejos, ahora va a tener lugar una renovación rutinaria del TC. El Partido Popular y el Partido Socialista han comenzado a negociar más o menos discretamente la operación de relevo. Procede que el Senado sustituya a Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa que han acabado su mandato (nueve años), así como a los fallecidos Francisco Hernando y Luis Ignacio Ortega. La Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo importantes reformas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979, y en concreto añadió un segundo párrafo al artículo 16.1 con la siguiente redacción: “Los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos propuestos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara”. Además, los nuevos magistrados elegidos por el Senado deberán serlo por mayoría de tres quintos de la Cámara (art. 159.1 CE) y todos ellos tendrán que “ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”.

Con toda evidencia, el legislador pretende que los miembros del TC sean juristas de larga experiencia e indiscutible solvencia, capaces de ganarse el apoyo político de más de un partido (se exige la mayoría de tres quintos, 159 votos en una cámara alta de 266) y con arraigo en alguna autonomía concreta ya que son las comunidades autónomas las que han de efectuar la propuesta de los candidatos.

Pues bien: como se ha dicho, PP y PSOE, que cuentan entre los dos con 211 senadores (149 y 62 respectivamente), se disponen a traicionar una vez más el espíritu de la norma y a aplicar el conocido sistema de cupos, mediante el cual se repartirán a placer las plazas vacantes, que recaerán en personas de su propia elección (ya se ocuparán los partidos de que las comunidades autónomas las incluyan obedientemente en sus propuestas), en que la competencia y la experiencia podrán perfectamente ceder el paso a la simple lealtad partidaria. Quede claro que en el Tribunal Constitucional ha habido, y hay actualmente, personalidades de extraordinaria valía, pero también ha de quedar constancia de que en todas las épocas han escalado también tan alta dignidad juristas de medio pelo, elegidos por la servicialidad al partido hegemónico.

El sistema de cupos elimina la constricción que introduce en la voluntad de los partidos la obligación constitucional de las mayorías cualificadas (tres quintos en este caso). En lugar de seleccionar a personalidades capaces de agradar a PP y a PSOE al mismo tiempo, lo que revelaría una posición superior, independiente y ecuánime en el elegido, se reparten burdamente los puestos: ambas formaciones intercambian apoyos a personas de su absoluta confianza. Y sí, esperpénticamente, en lugar de nombrar a cuatro magistrados excelsos y capaces de planear sobre el partidismo limitante y desfigurador, se designa a dos amigos incondicionales del PP y a otros dos del PSOE (o a uno del PSOE y a otro más de una tercera fuerza con la que se quiera mantener una buena relación), con lo que, a medio plazo, se habrá ‘parlamentarizado’ el Constitucional: ya no estará formado por juristas insobornables sino por emisarios de los partidos políticos.

PP y PSOE intercambian apoyos a personas de su absoluta confianza

Y falta la estrambote del disparate en ciernes: en teoría, el Tribunal Constitucional elige a su presidente por un periodo de tres años (artículo 160 CE), pero tampoco este precepto se cumple en libertad: los partidos están pactando el nombre del futuro presidente, que, por tradición, será uno de los cuatro magistrados de mayor antigüedad: Andrés Ollero, Juan José González Rivas, Encarnación Roca y Fernando Valdés. Ollero se descarta por su cercanía objetiva al PP (ha sido 17 años diputado de este partido), y tampoco tiene posibilidades Fernando Valdés, progresista y perteneciente por tanto a la minoría del Tribunal. En consecuencia, los analistas dan por hecho que el próximo presidente del TC será González Rivas, lo que implica la certeza de que sus once compañeros acatarán disciplinadamente la orden recibida de más arriba. El desprestigio del Tribunal se agrava un poco más, para regocijo de los soberanistas –entre otros—, que se alimentan de la falta de crédito de las instituciones.

Ciudadanos no ha querido esta vez sumarse a la farsa, y ello honra a este partido que tan decisivamente ha contribuido a sanear en la medida de sus fueras la vida pública de este país. Pero que nadie recupere por ello la esperanza: conociendo a nuestros partidos y a nuestros políticos, esta marrullería no tiene arreglo posible. A menos, claro está, que cuando alguien con agallas plantee la reforma constitucional, se opte por modificar la composición del órgano interpretativo de la misma, por ejemplo haciendo las magistraturas vitalicias como en los Estados Unidos. Sólo esta inamovilidad perpetua puede poner fin a las interferencias entre la profesionalidad jurídica y la política.

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