ENTREVISTA A ANUNCIADA COLÓN DE CARVAJAL Y JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES

Autores del libro
La herencia de Cristóbal Colón. Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492-1541)

Anunciada Colón de Carvajal, doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Historia de América y con 22 años de trayectoria profesional en la Fundación Mapfre, ha publicado varios trabajos sobre Colón, entre ellos un libro que arroja luz a la polémica de los restos del Almirante en el que trabajó durante ocho años y que llegó a las librerías en 1992. El pasado mes de septiembre presentó La herencia de Cristóbal Colón. Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492-1541), una magna obra editada por la Fundación MAPFRE para la que ha contado con José Manuel Pérez-Prendes como coautor.

Pérez-Prendes es catedrático de Historia del Derecho y ha impartido esta asignatura en universidades de Tenerife, Granada y Madrid. El Derecho español en América durante la época colonial ha sido siempre objeto de su interés, ya que su cátedra fue la creada para Rafael Altamira, entonces en la Universidad de Oviedo, dedicado a esa materia. “Al ocupar esa cátedra, me sentí obligado a continuar su labor”, afirma quien también fuera director general de Universidades en la Transición antes de que las competencias pasaran a las Comunidades Autónomas.

-Los cuatro volúmenes de la obra cuya autoría comparten sobre los mal llamados pleitos colombinos les han supuesto una década de trabajo. ¿Cuál fue el origen del proyecto?

-ANUNCIADA COLÓN DE CARVAJAL (A.C.C.): Se remonta a pocos años antes del V Centenario de la muerte de Colón, en 2006. Consuelo Varela, gran especialista en Colón, habló conmigo de la necesidad de preparar un trabajo significativo. Empezamos a ver qué podíamos hacer con el objetivo de publicar la documentación completa del proceso de lo que hasta ahora se ha conocido como los pleitos colombinos. Era algo deseado por todos los investigadores, pues el primer intento de hacerlo se remonta al siglo XIX y, tras tanto tiempo transcurrido, no se había conseguido. Conocía a José Manuel Pérez-Prendes y tenía claro que era la persona indicada para, más allá de preparar la colección documental completa, introducirla con un ensayo desde el punto de vista jurídico. Aceptó y con ello se cerró el círculo, así que nos pusimos manos a la obra, ya que la Fundación MAPFRE decidió auspiciar la publicación, en régimen de co-edición con el CSIC (que había publicado una parte de la documentación entre 1964 y 1989). Cuando comencé con la ordenación de papeles, me di cuenta de que faltaban muchas cosas. Algunas estaban citadas en los documentos y otras no. Como no podíamos sacar a la luz algo que no respondiera al propósito de completar toda la historia, hemos empleado 10 años.

El origen de este proceso son las Capitulaciones de Santa Fe anteriores al descubrimiento y se prolonga hasta 1541, con el desistimiento de María Álvarez de Toledo, la viuda de Diego Colón. Aunque en ocasiones se daba por cerrada la discusión en 1536, hemos comprobado que no fue así, sino que no se resolvió hasta un segundo laudo arbitral, apenas tenido en consideración. En la investigación no nos hemos limitado a analizar los fondos del Archivo General de Indias de Sevilla, sino también los del Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de El Escorial, el Archivo de la Casa de Alba, el Archivo de Protocolos de Sevilla, el Archivo General de Simancas, la Real Academia de la Historia… Ha sido necesario comparar muchos papeles porque a menudo unos reproducen parte de otros. Una labor muy complicada pero que ha deparado grandes novedades y nos ofrece una perspectiva sobre el asunto hasta ahora inédita. Por eso, creo que la obra será muy utilizada y aprovechada por los investigadores.

-¿Qué atractivo ha tenido para un historiador del Derecho participar en la publicación?

-JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES (J.M.P.P.): Ha sido fascinante. He sido afortunado de tener en primer lugar una compañera como Anunciada Colón de Carvajal y, en segundo, de encontrarme con un problema que significaba tanto en la vida no solo histórica, sino jurídica y política de nuestro país por las consecuencias que tendrá a lo largo del tiempo. Se puede decir que el asunto es un reflejo de cómo ha evolucionado la sociedad hasta nuestros días porque ese espejo jurídico evidencia el funcionamiento de la sociedad, las instituciones, los jueces, los fiscales y las partes contendientes y lo hemos ido conociendo poco a poco, gota a gota. No tengo reproche alguno para los historiadores del Derecho que se han ocupado de estos mal llamados pleitos colombinos hasta ahora, aunque creo que casi ninguno se dio cuenta de lo que en realidad significaban. Es probable que haya sido necesaria una etapa de ceguera previa para encontrar por fin la luz. Pienso que la hemos hallado y es algo maravilloso.

Se había creído siempre que toda la información sobre este aspecto de la herencia de Colón estaba en los escritos recogidos en el Archivo General de Indias y varios especialistas de mi disciplina fueron siempre en esa línea. Al haberse ceñido solo a esa documentación, tuvieron prácticamente que inventar una serie de posibilidades que nunca existieron. Un pleito requiere un juez independiente y dos partes en posición de igualdad ante él. Si no, no existe y eso no se ha dado en este caso. No hay, pues, esa figura. Sin embargo, la suerte nos deparó dos documentos excepcionales. Uno en latín, muy largo, que localizamos en la Biblioteca Nacional de Madrid y que nadie había considerado hasta ahora: la segunda parte del Gran Memorial colombino donde Diego Colón expone todas sus peticiones. El otro, un resumen que se conserva en la Biblioteca de El Escorial de todo el conflicto, que se redacta en la misma época para que los últimos jueces que nombra, una vez más, el Emperador, puedan tener idea de los pasos dados hasta el momento. Además, la búsqueda en los archivos que ha realizado Anunciada Colón de Carvajal ha aportado unos 200 nuevos documentos, algunos del propio Colón descubridor. Todo eso nos ha permitido dar la vuelta al tema y de ahí mi satisfacción, porque es raro poder disfrutar de una experiencia de esta índole en el mundo de la investigación.

-¿Por qué se ha conocido entonces este conflicto de forma errónea como pleitos colombinos?

-J.M.P.P.: Es un conjunto de pasos que solo ahora se han podido culminar. Alfonso García-Gallo advirtió que no siempre las llamadas “sentencias” eran tales. Gustavo Villapalos señaló que solo había una línea única de actuaciones, pero la siguió considerando un pleito común. Ahora bien, ¿existe un realmente eso cuando el rey elige directamente los jueces ad hoc, los cambia cada vez que lo estima oportuno según las diferentes vicisitudes políticas, les exige información de lo que piensan decidir y les autoriza a hacerlo o no? ¿Cuándo ninguna de las fases procesales que establece la legislación se puede apenas encontrar en las actuaciones? La conclusión es que existe un conflicto o un contencioso, pero no un pleito común y mucho menos varios encadenados. En aquella época era muy habitual que cuando alguien creía que podía solicitar algo evidente o no perjudicial para nadie, pedía al rey que se lo otorgase; era la llamada “petición por merced”. Si se le denegaba, se podía abrir la vía de la “petición por justicia”, alegando los títulos en que se fundaba. Pero eso era uno de tantos actos de jurisdicción voluntaria, como adoptar por hijo o ser reconocido como hidalgo, etc. Es algo que está separado hasta hoy de un conflicto entre partes.

pleitosgrande

Diego Colón se casó con la sobrina del duque de Alba, que estuvo muy contento con los títulos de Derecho privilegiado que el yerno de su hermano iba a heredar de su padre, el primer Almirante, según lo acordado verbalmente en las Capitulaciones de Santa Fe, que dieron lugar a unos larguísimos textos legales posteriores. Pero no fue así. El rey Fernando el Católico, que no quería dar tanto poder a una sola persona en América, le envió como Gobernador a la isla Española, el lugar más importante a esas alturas del proceso de colonización, pero advirtiéndole que lo hacía, no por los títulos dados a su padre, sino por designación voluntaria del rey. Así se aquietó todo un poco, pero Diego Colón siguió insistiendo en que tenía derecho a facultades bien diferentes de las recibidas. Llegó además a la isla cuando ya se habían creado y consolidado unos intereses distintos y contradictorios con los suyos, entre los que no cayó bien y estuvo muy condicionado por funcionarios e instituciones creadas por el rey para limitarle: Audiencia, tesorero, etc. Algo similar le ocurrió con el sucesor, Carlos I. En 1520 le nombra de nuevo Gobernador en la Española, pero al mismo tiempo le coloca en una situación muy complicada. Por el nombramiento se puede entender que se le reconocían los títulos que había venido pidiendo, los de su padre, pero no estaba del todo claro. En la isla continuaron sin querer aceptarle y, al fin, Carlos I vuelve a la idea de Fernando, un nombramiento que podía ser revocado por el rey. Se repite pues la historia. Diego Colón choca con aquella sociedad, vuelve a la Península y cuando intenta retomar su vieja demanda muere en 1526, en La Puebla de Montalbán, de camino a la boda del ya Emperador, donde seguramente pensaba tener oportunidad de hablar con él al respecto. Por eso, si nos atenemos a las actuaciones formales en Derecho y a la realidad histórica, nos damos cuenta de que no estamos ante un pleito común.

-Con jueces nombrados por el Emperador, a pesar de su matrimonio y de las buenas relaciones de Diego Colón, parece imposible que ganara el juicio…

-J.M.P.P.: Esa es la primera idea que asalta a cualquiera, pero no fue exactamente así. Algunos de los jueces salen mejor parados, cuando le dicen al rey algo así como: “Hasta aquí se puede llegar con el Derecho, más allá depende la conciencia o la voluntad de su Majestad”. Los peores, con mucho, fueron los fiscales. Su función es la de defender; entonces a la Corona, hoy al Estado, entendidos ambos como agentes del bien común, del interés general. Pero eso no les autoriza a mentir, falsificar, destruir o inventarse pruebas y eso fue lo que hicieron todos ellos en este caso.

A.C.C.: La influencia del contencioso en los dos periodos de gobernación de Diego Colón fue determinante. Está clarísimo en la documentación, que muestra cómo los problemas más graves que tuvo en su relación con los oficiales reales en La Española fueron promovidos por el fiscal. Cuando vuelve a España en 1523, para morir tres años después, lo hace tras una instigación del fiscal, que falseó su actuación. Por el procedimiento jurídico se le somete a la privación de sus más significativos ingresos, se le conmina a realizar grandes gastos, se le ataca y se cuestiona su actuación como Gobernador. Vivió un drama.

J.M.P.P.: En concreto, un fiscal, Villalobos, inventa una historia según la cual Cristóbal Colón no había descubierto América y tampoco había hecho nada relevante que hubiera tenido que ver con ello. Compra a los testigos necesarios para poder sustentar esa tesis, entre ellos a un discapacitado pobre que es hijo de Martín Alonso. Todos testifican lo que el fiscal les pide y la conexión entre la Audiencia de Santo Domingo –que es el órgano judicial que crea Fernando El Católico para incordiar a Diego Colón en el primer nombramiento– y los fiscales se aprecia de forma muy clara. Afirman lo mismo la una y los otros en diferentes documentos.

A.C.C.: Hay un protagonista que llega a La Española a comienzos de 1509 –Diego Colón desembarcó ese verano con su nombramiento por voluntad del rey y no por sus privilegios– llamado Miguel de Pasamonte, con el cargo de tesorero e instrucciones y un código cifrado para comunicarse con el secretario de la Corte, Lope Conchillos, sin que se enterara el Almirante Diego Colón. Debía escribir al rey con cartas codificadas que pasaban por Conchillos, quien informaba al monarca. Todo estaba pues preparado. Y si comparamos las atribuciones gubernativas del tesorero con las de Diego Colón, son mucho más importantes las del primero, a pesar que el rey asegura a Colón que tendrá mismas potestades que su predecesor en el cargo, Nicolás de Ovando. Se intenta hacer de manera continua el vacío al Almirante, quien en realidad tuvo un limitado poder.

J.M.P.P.: Hay un personaje muy conocido del siglo XVII, llamado Juan de Solórzano Pereira, considerado como la máxima autoridad en su época en Derecho indiano. Es autor de un memorial sobre este asunto que publicó la Fundación MAPFRE y editó Anunciada Colón de Carvajal, donde asegura que todos sabían que al Almirante había que marearlo y tenerlo entretenido para que no pudiera hacer nada. Se rieron de él.

-¿Es posible entender entonces que con tantas triquiñuelas y apelaciones se intenta dilatar el proceso y, en consecuencia, no hacer justicia, igual que ahora?

-J.M.P.P.: Sucede lo mismo en muchos aspectos. Sin embargo, la justicia en caliente puede llevar a errores y es esencial buscar el término medio entre lo demasiado rápido y lo demasiado lento, aunque eso nunca ha sido el fuerte de la Historia del Derecho español y quizá tampoco su realidad.

A.C.C.: Está claro que se usaron tácticas dilatorias de forma cansina; un ejemplo de ello fue la contestación del fiscal al último escrito de Diego Colón en la que se limitó a pedirle documentos para que acreditara que era hijo de Cristóbal Colón. Muchos detalles de este contencioso me recuerdan a Casa Desolada de Charles Dickens, en gran medida por el sufrimiento que causó a los protagonistas.

-¿Cómo se estructura la obra?

-A.C.C.: En el primer volumen incluimos dos ensayos. Por mi parte, he realizado un análisis de la documentación, las fases, las novedades y, en especial, los hallazgos más importantes. A continuación, se presenta el ensayo jurídico sobre el proceso de José Manuel Pérez-Prendes. Los volúmenes 2, 3 y 4 están constituidos por la colección documental, dividida en cuatro partes. En un primer momento, Diego Colón fue el responsable del contencioso hasta su muerte en 1526. Una vez fallecido, tiene lugar la subrogación, en nombre del primogénito y sus hermanos, por parte de la viuda de Diego Colón, María Álvarez de Toledo, que firmaba los escritos como La desdichada virreina de las Indias, claramente por lo que soportó durante aquellos largos años. En cuanto a la fase del laudo arbitral, la documentación nos explica cómo fue aceptada por la Virreina tras múltiples presiones (como la negación de que Colón hubiera verificado el descubrimiento de América, la agresividad verbal y el maltrato de su condición), además de asumir la crianza de sus siete hijos, entre ellos, el varón mayor, Luis, que tenía cuatro años cuando murió su padre. Al fallecer Diego Colón, su viuda creía próxima la conclusión del proceso, pero la realidad fue muy distinta.

J.M.P.P.: La primera masa documental es la llamada constitutiva, donde se reconstruye el régimen jurídico especial y privilegiado, el fuero personal, diríamos, que dan los Reyes Católicos a Cristóbal Colón. A continuación siguen los documentos de desarrollo de la petición y las alegaciones y contestaciones de ambas partes. De ahí se desprenden cuestiones complejas que han supuesto un análisis diferenciado, las llamadas piezas interlocutorias, presentes en el cuarto volumen. Son piezas incidentales que se resuelven o no. Y hay una última masa documental relativa a los dos momentos del laudo, cuando la Virreina cede, admite someterse a él y recibe unas teóricas compensaciones en las que se hace aún más patente la burla hacia su pretensión.

-¿Se dio cuenta ella de que no hubo nunca la más mínima intención de acceder a sus demandas?

-A.C.C.: Los jueces tuvieron una actuación bastante correcta y honorable pero la disposición de los presidentes del Consejo de Indias fue bien distinta. Me refiero a Juan Rodríguez de Fonseca, ejemplo de político rapaz demasiado inclinado a sus intereses y bolsillos, y a Juan García de Loaysa y Mendoza, el único amigo español que tuvo Carlos V probablemente desde que llegó a la Península. El propio Loaysa nos mostró su raquítica y engañosa disposición en los borradores de acuerdo, que publicamos por primera vez, sobre lo que debía ofrecerse a la Virreina a cambio de su desistimiento: Jamaica porque era pobre, Veragua por ser cenagosa e inhabitable, el alguacilazgo de La Española que nada rentaba y 10.000 ducados anuales a cambio la renuncia al Virreinato y la Gobernación general de las tierras descubiertas.

La presión a la que se sometió a María de Toledo para que aceptara la solución arbitral se orquestó mediante diferentes estrategias: nuevas maniobras dilatorias, nuevos períodos de pruebas, largos y costosos, cuando el enfrentamiento ya duraba casi 30 años. Pienso que en 1536, al acceder al acuerdo, la Virreina estaba convencida de haber preservado, al menos, el Almirantazgo de las Indias, para su primogénito. Así nos lo muestra el texto del primer laudo, que reconoce este cargo en términos muy parecidos a las Capitulaciones de Santa Fe, con sus preeminencias y derechos judiciales y económicos. Pero, una vez plasmada su firma de consentimiento a aquella solución arbitral, podemos decir que la Virreina abandonó la “nave” de los antiguos privilegios y quedó a la deriva y sin apoyo normativo. Su rúbrica supuso la renuncia en nombre de sus hijos a los derechos obtenidos por Colón. Confió en las palabras negociadas con el Cardenal Loaysa y expresadas en el Laudo. Sin embargo, el incumplimiento de la primordial concesión, el Almirantazgo de Indias según había sido perfilado en Santa Fe, fue promovido por la Fiscalía en La Española, donde las instituciones que debían ponerlo en práctica optaron por seguir la costumbre manifestar su acatamiento pero no cumplirlo.

J.M.P.P.: Se trata de una tradición introducida en la legislación indiana por una razón práctica, el tiempo empleado en el viaje hacía que, muchas veces, tras una consulta, cuando la respuesta llegaba a América el tema o estaba ya resuelto o generaba más problemas resolverlo tal y como se planteaba desde la metrópoli, de modo que había una fórmula muy empleada que consistía en que el Virrey tomaba el texto, se tocaba con él la cabeza para indicar que lo entendía y a continuación el corazón para indicar que su voluntad era cumplirlo y decía: “Acatamos la voluntad de su Majestad. Obedézcase, pero no se cumpla”. Y se archivaba dando cumplida cuenta al monarca del hecho.

Tras la instalación de María Álvarez de Toledo y sus hijos en Santo Domingo se inicia una cuestión testifical, porque no están claros los aranceles del Almirantazgo y se genera una gran cantidad de documentos sobre el particular. Los Almirantes de Castilla, la familia Enríquez, poseedora del título desde Fernando III, cobraban tasas en Sevilla por los negocios de los puertos y mercados de Andalucía y sentenciaban pequeños litigios casi como si se tratara de un juzgado de paz, algo que también generaba beneficios económicos. El fiscal nombra entonces a algunas personas para que se les pregunte cuáles son esos derechos y ellas, aleccionadas convenientemente, declaran que apenas se cobra, de ahí que esos supuestos privilegios no reporten nada a la Virreina, por lo que se ve forzada a un segundo laudo arbitral que es aún peor. Es la jugada maestra de Juan García de Loaysa, ya que, en ese momento, ella ha renunciado a los privilegios –cuatro años atrás–, lo que nunca hizo su marido. Le piden que señale un puerto en cada isla y uno en tierra firme, que no está poblada, sobre los que cobrar aranceles siempre y cuando esté allí presente el Almirante. Es decir, le dejan prácticamente sin nada. Hernando Colón, el otro hijo de Cristóbal Colón y hermano de Diego, ha sido la mente pensante en la presentación de la reclamación, pues ayuda a su cuñada y a sus sobrinos, pero muere en 1539, así que cuando llega el segundo laudo la viuda está sola y cabe preguntarse por la implicación en todo lo que sucedió de Mercurino Arborio de Gattinara.

pleitos

A.C.C.: En lo que se refiere al procedimiento, hemos descubierto que un mes antes de morir, Diego Colón realiza las conclusiones verbales en casa de Gattinara en Toledo, a la vez que el fiscal, un trámite apenas documentado en época tan temprana.

J.M.P.P.: Es un episodio lleno de matices, de personajes y de pasiones. Sacar tanta vida de los textos procesales, a menudo considerados fríos, es emocionante.

A.C.C.: Los legajos son muy ricos desde el punto de vista de la Historia del Derecho, pero también de la biografía de los protagonistas. Por ejemplo, el abogado que durante más tiempo defendió la causa colombina, otro descubrimiento de esta investigación, Alonso Buendía, desapareció repentinamente de la documentación. Para conocer la razón volví al Archivo de Indias y tuve la suerte de localizar los documentos que explican lo sucedido: a la muerte de Diego Colón, el padre de la virreina, como representante de su hija, contrató a Buendía y acordó una remuneración de 500 ducados por ocuparse del proceso.

Pues bien, la ausencia de Buendía se debe a su enfrentamiento con María de Toledo, a la que reclamó el pago de los 500 ducados acordados. A pesar de que ella alegaba que la remuneración era excesiva, no pudo paralizar el embargo que Buendía había promovido. Estos hechos tienen lugar en 1536 y nos permiten asegurar que, por aquellas fechas, fue Hernando Colón el único fiador de su cuñada, lo que nos permite afirmar que seguía siendo su principal apoyo, en contra de lo que la historiografía ha venido manteniendo.

J.M.P.P.: No era posible enfrentarse al Estado moderno y ése es el problema de Colón, que tiene una visión feudal del mundo cuando eso es ya inviable. Es como si hubiera realizado un servicio llegando a América y, después, hubiera sido despedido.

-Su trabajo ha recibido el Premio Nacional de Edición 2016 en la categoría de Obras Generales y de Divulgación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte…

-A.C.C.: El contenido era tan precioso que debía serlo también la forma. La Fundación MAPFRE siempre ha apostado por la importancia de la edición y creo que podemos estar muy satisfechos del resultado.

J.M.P.P.: Además, una de las conclusiones que se puede sacar de la obra es que Cristóbal Colón no era español. No podía ser natural o súbdito de alguno de los reinos que estaban bajo el señorío político de los Reyes Católicos por una razón esencial, que es toda la estrategia que prepara el propio descubridor para reclamar lo que considera son sus derechos y que luego su hijo Diego desarrolla. Él dice una y otra vez que es un pobre marino extranjero, algo que nunca le discuten los fiscales, que en cambio le discuten todo lo demás. Suelen argumentar que el derecho privilegiado de Colón no debía haberse dictado porque era extranjero. Es algo en lo que todos están de acuerdo. Si hubiese sido súbdito de los reyes no hubiera habido problema alguno para la Corona porque los súbditos, según la legislación de la época, están obligados en todos los reinos a hacer lo que sus soberanos les manden, por eso no hubiera sido considerado un mérito cruzar un océano y descubrir América.

A.C.C.: En diversos documentos ahora encontrados, el fiscal señala que la legislación castellana impedía se le otorgaran a Colón los cargos que le confirieron, por el hecho ser extranjero, no súbdito ni vasallo de los Reyes Católicos. A ello, Hernando Colón (como hemos dicho, el principal responsable de la defensa) respondía que, en el momento del descubrimiento, cuando las Indias todavía no habían sido incorporadas, tan extranjero era un castellano como un genovés. Dada la amplia controversia que existe sobre la nacionalidad del Almirante, es emocionante leer estas claras palabras en los manuscritos.

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.